{image}http://www.eldia.co/images/stories/logos/uso.jpg{/image}El legislativo planea autorizar la enajenación de un veinte por ciento de Ecopetrol, uno de los principales activos del país.

En tiempos de bonanza petrolera, se planea entregar a particulares parte de la joya de la corona de la economía nacional. Las utilidades de Ecopetrol crecieron 59 por ciento en 2010, las segundas más altas de su historia, superiores a 8,34 billones de pesos. Antes de seguir adelante habría que preguntarse no sólo sobre la conveniencia de feriar la gallina de los huevos de oro. El hecho de haber autorizado ya en el pasado la venta de un diez por ciento de la empresa, nada dice sobre la constitucionalidad de la medida.

Ecopetrol no es una empresa estatal cualquiera que pueda privatizarse por simple decisión mayoritaria. Es la responsable de la explotación del recurso natural no renovable del petróleo, cuyo dueño exclusivo es el Estado, ficción jurídica que nos representa a todos. Los recursos naturales son de todos los colombianos. Es deber de éstos protegerlos, según lo establece expresamente el numeral 8 del artículo 95 de la Constitución Política. No es dable admitir que quienes tienen dinero puedan adquirir parte de la única empresa nacional que explota el subsuelo del país, no dando la misma oportunidad de gozar de tales beneficios a los colombianos sin ingreso. Hacerlo supondría permitir que particulares con capacidad económica puedan tener mayor participación que otros sin ingreso en la apropiación y los beneficios de los recursos naturales no renovables. Esta decisión no sólo es contraria a las ideas de justicia e igualdad que inspiran el ordenamiento político, social y económico del país según el preámbulo de la Constitución. Desconoce también los fines esenciales del Estado consistentes en promover la prosperidad general y facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.

No sobra recordar que el gobierno y el legislador deben ejercer sus competencias dentro del marco que la Constitución establece. Ella dispone en su artículo 334 que la intervención del Estado en la explotación de los recursos naturales debe hacerse “para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. La enajenación total o parcial de la exitosa empresa del Estado, vehículo de importancia estratégica para acceder al bien público del petróleo, desmejora la calidad de vida de los colombianos, distribuye inequitativamente las oportunidades económicas y va en contravía de los beneficios del desarrollo.

Corresponde al procurador general de la Nación defender los intereses colectivos y a la contralora general de la República presentar al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente. Ambos servidores públicos, tan diligentes en otros casos, no han dejado sentir su voz en la planeada venta de la gallina de los huevos de oro. Y esto pese a los antecedentes de saqueo de los bienes públicos, en este caso rentables, bajo el manto de servir a fines humanitarios. ¿Se imagina el lector qué será de los recursos millonarios obtenidos por la entrega de Ecopetrol a los particulares? No es sino observar lo que sucede ya con el despilfarro de los dineros oficiales dirigidos a socorrer a los afectados por las inundaciones, precisamente uno de los objetivos invocados para justificar la venta de parte del capital accionario de Ecopetrol.

La Unión Sindical Obrera – USO; también trae a la memoria el saqueo del Carbón, la entrega de Ecógas al capital privado, la privatización de los terpeles, la prórroga del contrato de gas en chuchupa ballenas;  el descarado regalo de caño limón coveñas, la separación de la Refinería de Cartagena de la unidad de empresa de Ecopetrol; sin mencionar por supuesto la escisión de Ecopetrol con el Decreto 1760 de 2003 que creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la promotora energética S.A y por último la ley 1118 de 2006 que cambio la naturaleza jurídica de Ecopetrol y la convirtió en sociedad por acciones para su colocación en el mercado; a partir de lo cual se ha marcado el rumbo de la privatización.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO ELECTORAL:


Tal y como fuera definido por la Comisión Nacional Electoral y ratificado por nuestra Junta Directiva Nacional se publicara a partir del día 29 de Marzo los Censos electorales en cada subdirectiva del país; con ello los trabajadores sabrán quienes están hábiles para votar y cualquier aclaración se podrá surtir hasta el día 07 de abril. De igual manera todos los compañeros y compañeras que estén interesados en inscribir planchas para postularse como delegados o candidatos a la nueva Junta Directiva Nacional lo podrán hacer durante los días 30 y 31 de Marzo en la secretaria de la USO Nacional.
El día primero de Abril se efectuara el sorteo del número de plancha y los comicios electorales se realizaran durante los días 13, 14 y 15 de Abril mediante un recorrido y ubicación de urnas que será publicado próximamente, una vez sea acordado y aprobado por la Subdirectiva del área. Llamamos a todos nuestros afiliados a participar libre, democrática y masivamente.

Prevenimos a la Administración de Ecopetrol y el CISC:

Frente a las circunstancias de la alta accidentalidad presentada al interior de la refinería, acompañamos todas las iniciativas de concientización y promoción de la cultura del auto cuidado y los procesos de certificación de competencias laborales;  pero rechazamos enfáticamente que las responsabilidades administrativas pretendan ser trasladas a los trabajadores; eso sería buscar la fiebre en las sabanas, ya que el control en las fuentes contaminantes en primera medida es responsabilidad de Ecopetrol; o como se explica que mientras todos los trabajadores del Consorcio Inelectra Schrader – CISC se encontraban por fuera de la refinería en re inducción HSE, se presentara otro evento que afecto con gases a trabajadores de la Empresa Morelco, en la apagada repentina  de la Planta de Acido por la obsolescencia, baja confiabilidad y la ausencia de operador de planta, gracias a las reestructuraciones organizacionales y la pésima distribución social del trabajo formulada desde la Gerencia de General de la Refinería de Barrancabermeja. De igual manera el CISC debe tomar todas las medidas del plan HSE para evitar que sus trabajadores se accidenten y si ocurre deben activar los protocolos de emergencia y atención para cada uno de los casos, efectuando el respectivo reporte y documentación del caso, incluida la investigación del accidente.

Por estas circunstancias prevenimos a las dos administraciones para que no generen paranoia colectiva, psicoterror y acoso laboral; tal y como lo hicieran con el documento que obligaron a firmar a cada trabajador el pasado viernes, denominado: “Política de cero tolerancia en HSE Consorcio Inelectra/Schrader Camargo Proyectos PMSI EPC 2- AGUA y PMSI EPC 3- AIRE.

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