Los casos mas dramáticos se presenta en el sector textilero y automotriz por parte de la industria, y en la agricultura, los cafeteros y azucareros son las ramas mas afectadas de la actividad económica nacional.
Factores como el deterioro de las relaciones comerciales con Venezuela, la caída de la demanda interna y la revaluación de la moneda nacional son los principales promotores presentados a la opinión pública como responsables del descalabro de la economía nacional. Y no la alta relación salarial, como pretenden mostrarlo nuestros empresarios
Pero la verdad del caso, es que son los cimientos neoliberales sobre los cuales se ha desarrollado la actividad productiva del país en los últimos 20 años, donde la información asimétrica de los mercados internacionales ha llevado a debilitar aun más la débil estructura económica que poseíamos a principios de la década de 1990.
Y no es que el modelo de sustitución por importaciones, en el cual se fundamento la economía nacional desde 1930 hasta 1990 haya sido la panacea, dado que lo único que hizo fue monopolizar la actividad productiva en pocas manos degradando la calidad de los productos.
No es posible que 60 años de protección de las industrias colombianas, no hayan fortalecido el proceso de elaboración y disminuir los costes laborales, ni mucho menos se fortalecieron los procesos de innovación tecnológica y mucho menos se mejoro el bienestar social de los colombianos, debido a que en dicho transcurso del modelo de Sustitución por Importaciones, la pobreza solo decayó un 2% aproximadamente en general, si tomamos los años de 1930 y 1990 como cotas.
Se hace urgente y necesario proteger la industria nacional, pero no con el fin de enriquecer a los empresarios colombianos, sino con el fin de garantizar el empleo.
Pero no el empleo rapaz y negrero que practican los empresarios colombianos, sino uno donde se garantice la dignidad y el poder adquisitivo de los trabajadores, asimismo la protección debe servir a que los nuevos productos sean de fácil acceso para los colombianos, es decir, un precio razonable, y no un precio de monopolio como ocurrió hace ya tiempo.
En el sector agropecuario se hace urgente una redistribución de la tierra y la generación de una política integral agropecuaria que nos garantice la seguridad alimentaria del país y de paso el desarrollo del sector rural, y no políticas como agro ingreso seguro que solo han servido a monopolizar la tierra y de paso a la violencia rural con todo lo que ella significa.
Como siempre lo hemos escrito en esta columna, los cimientos neoliberales en los que se han construido la economía nacional durante 20 años, deben ser desechados y optar por nuevas políticas, donde lo primordial es la redistribución de la riqueza nacional - Tierra, Salarios, Ganancias -, la industrialización de la actividad productiva, garantizar la seguridad alimentaria y la soberanía nacional, entre otros.
No obstante las discusiones sostenidas con la administración de ECOPETROL S.A. sobre el tema de pensiones, la USO sostuvo reuniones con varios juristas quienes frente al tema recomendaron,
Luego de intensas conversaciones, que iniciaron en agosto del año pasado, se llegó al acuerdo que Ecopetrol le dará cumplimiento al acta del comité de vivienda realizado en diciembre de 2009, donde se acordó buscar mecanismos que viabilizaran el otorgamiento de préstamos ordinarios a los trabajadores más antiguos de Ecopetrol cuyo tiempo de trabajo oscila entre 25 y 35 años.
El dia ayer la comisión política de la UNIÓN SINDICAL OBRERA , atendió el llamado de la administración de ECOPETROL donde presuntamente se centralizaría toda la problemática que aquejan a los trabajadores para buscarle arreglo.
En las últimas tres décadas la guerra desarrollada por el narco-paramilitarismo, en connivencia con sectores de elites tradicionales y las fuerzas armadas, fue en lo esencial contra los campesinos pobres y medios y sus propiedades. En esa guerra criminal el 10% de la población del país quedó en condición de desplazada; se produjo un proceso de expropiación violenta de tierras que algunos calculan en algo más de 10 millones de hectáreas; una parte importante de la población víctima de la acción violenta de los grupos armados espera, que se le reconozcan sus derechos, restituyan sus tierras, repare integralmente y posibilite el desarrollo de sus proyectos de vida con dignidad.
Hace tiempo que se disputa la relación entre pobreza y violencia en todo el mundo, y en Colombia con más veras. Basta repasar la saga intelectual sobre el asunto desarrollado por la estirpe de los violentólogos que los hay de derecha y de izquierda. Ésta marchó en paralelo con la trágica descendencia de los Buendía que globalizó Gabriel García Márquez con el éxito literario de Cien años de soledad.
Cuando la seguridad y la defensa de una nación se define como Política de Estado, se le fijan los propósitos y metas, la estrategia y la táctica operativa, los planes y programas institucionales y, no importa cual sea el gobernante de turno, la política debe marchar adelante en el cumplimiento de sus postulados generales.
El Presidente de la Universidad de Georgetown tiene el agrado de informar a su distinguida clientela, formada por dictadores, genocidas, violadores de derechos humanos, terroristas de Estado, torturadores y periodistas (por aquello de ser sicarios de pluma y micrófono) de empresas como CNN, RCN, Caracol, Globovisión, Clarín, El País, El Mundo, La Vanguardia, El Tiempo, Fox News y otros cuya lista se me haría interminable nombrar en esta ocasión, sin incurrir en injustas exclusiones, que a partir del próximo primero de septiembre se integrará a nuestra nómina académica el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez como cafredrático de nuestra honorable institución.
Que los organismos internacionales dispuestos para el mantenimiento de la paz en el mundo no sean particularmente eficaces, no es un misterio para todos los que, sintonizando sus televisores sobre los noticieros de cualquier canal, se han dado cuenta que el planeta nunca ha cesado de estar en guerra.
