¿Qué hay detrás de la detención de líderes camioneros?

Los medios de prensa han dado cuenta de un operativo combinado de la fiscalía y la Policía realizado ayer en la que fueron detenidos alrededor de 18 líderes del sector camionero, que habían estado al frente del llamado “paro camionero” el año anterior. Se les señala de haber participado de manera activa en la movilización camionera y que presuntos delitos alrededor de la chatarrización de los vehículos.

Entre los detenidos se encuentra el dirigente LUIS ANTONIO ROJAS GOMEZ, Vice-presidente del Sindicato único de Conductores y pequeños transportadores de Colombia – SUNCOMPETRASCO- a quien los agentes de policía lo tiraron al piso y le pusieron un arma sobre su cabeza, pesar que se encontraba en completo estado de indefensión. El compañero ROJAS GOMEZ además cuenta con medidas de protección por parte de la UNP, por razón de su situación de riesgo en que se encuentra. La fiscalía le informo al momento de la captura que se le acusaba de la comisión de delitos de obstrucción a vías públicas, afectación al sistema de transporte público, agresión a funcionario público y daño a bien ajeno.

Llama la atención que la mayor parte de los líderes sindicales de los camioneros detenidos hoy suscribieron los comunicados a nombre de la cruzada nacional camionera a través de los cuales se exigía el derecho al trabajo en el marco del cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno nacional en Junio de 2016 en las negociaciones que dieron fin a las manifestaciones pacificas de los conductores.

La pregunta que surge desde diversos sectores sociales es la manera como la fiscalía asocia tendenciosamente un delito penal (como la llamada chatarrización) con un derecho, como el de la movilización social, para reclamar derechos fundamentales, en desarrollo de dos esperpentos como el llamado estatuto de la seguridad ciudadana y el nuevo código de policía, que se están aplicando generalizadamente y de manera arbitraria, de esta manera se confunde y desinforma a la ciudadanía para tratar de legitimar esta arbitrariedad.

Ante el nuevo anuncio de un paro nacional de los compañeros camioneros y producto de los incumplimientos del gobierno de Santos en los acuerdos alcanzados en 2016, se gesta la mayor arremetida de los aparatos del Estado que reprimen y judicializan a dirigentes y activistas del gremio.

Algunos líderes del transporte han manifestado que con esta medida arbitraria el gobierno se adelanta a una eventual movilización que se estaría organizando, sin embargo, han precisado que lo que se está es verificando el cumplimiento de los compromisos firmados el año pasado al final del paro camionero.

La UNION SINDICAL OBRERA –USO- nuevamente pone de presente la falta de disposición de las elites gobernantes, en el nuevo contexto del actual proceso de paz, a contribuir al cambio de las costumbres políticas, pues se han comprometido a dar un tratamiento social y respetuoso a la protesta social y no el histórico manejo policivo con el que se ha judicializado a cientos de líderes sociales.

El sistema judicial debiera centrarse en investigar a los ladrones de cuello blanco que esquilman con robos multimillonarios el erario público y que han sido protagonistas de escándalos de corrupción como el de agro ingreso seguro -AIS-, Interbolsa, Saludcoop, Cafesalud Reficar, Invercolsa, Bioenergy en el Meta, Odebrech, entre otros muchos que avergüenzan al Estado.

Algunos incriminados están ocupando curul en el congreso en vez de estar en la cárcel, los ya condenados han huido del país con complicidad publica de expresidentes (Luis Felipe Arias), otros que estaban detenidos han sido dejados libres (Interbolsa), a otros no se les investiga (Reficar), y a otros se les da casa por cárcel, porque no “implican riesgo para la sociedad”, como si fuera pequeño el daño que le han hecho al país. Con la sola defraudación de Reficar se hubiera podido pagar de contado el Metro de Bogotá, ratificando así, que tenemos una justicia abiertamente clasista en Colombia.

Hacemos un llamado a los dirigentes del país al menos a respetar las leyes que por mayoría nos han impuesto, a modificar sus esquemas estrechos y medievales de justicia, según los cuales “la justicia es solo para los de ruana”, a respetar el libre derecho a la protesta, a garantizar el debido proceso y las garantías procesales a los más débiles, la presunción de inocencia y otras.

Bogotá, febrero 15 de 2017



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